REVALORIZANDO COMUNIDADES Y TERRITORIOS

Las nuevas institucionalidades para el desarrollo sostenible en El Salvador: El casos de Nueva Concepción, Zacamil y Zapotitán

05 de octubre de 1998

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Esta publicación se basa en una

investigación realizada por:

Michael Foley, Deborah Barry y

Susan Kandel

El Salvador enfrenta problemas apremiantes de degradación ambiental, al mismo tiempo que busca su reconstrucción, luego de haber pasado por una guerra civil. Estos problemas no son únicamente técnicos, de manera que no podrían resolverse con la sola combinación correcta de asesoría técnica e inversión. Dichos problemas están fuertemente vinculados con otros relativos a distribución y uso de recursos, por tanto, las soluciones tendrán profundas consecuencias para el desarrollo del país y serán altamente significativas para los ciudadanos ricos y pobres, urbanos y rurales.

Los problemas ambientales y el intento por resolverlos pueden provocar profundos conflictos al interior de las sociedades. Su solución – y el avance hacia el desarrollo sostenible – requiere de la colaboración activa de los distintos sectores de la sociedad, ya que si estos conflictos no se resuelven, se volverán cada vez más una amenaza para las opciones de desarrollo y la democracia misma. Por estas razones, se requieren «nuevas institucionalidades», es decir, vehículos flexibles y más o menos duraderos para el manejo de los conflictos, para la toma de decisiones y para la realización de las acciones necesarias. Los mecanismos que aseguran amplia participación, colaboración entre todas las partes interesadas, y responsabilidad por parte de las instituciones encargadas de la toma de decisiones – y de su ejecución – son indispensables para cualquier tipo de institucionalidad, particularmente en sociedades como la de El Salvador, caracterizada por profundos conflictos económicos y políticos. La centralización de la toma de decisiones y de la ejecución apropiada, ahí donde se requieren soluciones uniformes para tareas relativamente sencillas, a menudo no es capaz de responder a necesidades locales específicas. En todo caso, la autoridad central deberá ser verificada a través de mecanismos democráticos y complementada por canales efectivos para la dirección y acción ambiental en el ámbito local, donde la colaboración y el consenso tal vez pueden ser más fácilmente logrados, y en muchos casos, las soluciones apropiadas más fácilmente concebidas.