icono_header.jpg REVALORIZANDO COMUNIDADES Y TERRITORIOS RURALES  

La Gobernanza ambiental para la restauración de ecosistemas y paisajes: El caso de la Mancomunidad La Montañona

01 de Septiembre de 2015



Autores: Ileana Gómez y Wilfredo Morán

La  gobernanza  ambiental  en  El  Salvador  al  nivel  de  los  territorios  rurales  ha  ido  confi-gurándose dentro de un proceso de cambios económicos y políticos aunados al acentuado impacto de la variabilidad climática. Esta situación ha producido fuertes impactos en los medios de vida de la población  más  vulnerable,  abriendo  la  urgente  necesidad  de  fortalecer  la  articulación  de  los  esfuerzos locales con las políticas de alcance nacional. Con el cambio de gobierno en 2009 se ha abierto una nueva generación de políticas públicas sectoriales (pro-ductivas, sociales), ambientales, territoriales e incluso fiscales con más posibilidades de articu-larse con las acciones al nivel de los territorios, mostrando importantes avances y desafíos.

Algunos elementos de esta sistematización muestran una mejor articulación y comple-mentariedad entre los esfuerzos nacionales y territoriales en el marco de las propuestas nacionales para la adaptación  al  cambio  climático. El  país  cuenta con  suficientes  instrumen-tos de  política  para  arrancar  un sistema  de  gobernanza  ambiental  que  articule  los  niveles  de  decisión  nacional  con  los  territorios, entre estos destacan el marco de políticas para medio ambiente y cambio climático, la activación del Sistema Nacional de Gestión de Medio Ambiente (SINAMA) y la creación de estructuras de decisión intersectorial como el Gabinete de Sustentabilidad. En el territorio de estudio las acciones articuladas entre MARN, la Man-comunidad La Montañona y otros actores locales han logrado la definición y puesta en marcha de un conjunto de acciones para la generación de conocimiento en forma participativa,  que  toma  en  cuenta  los  saberes  y  necesidades  locales  para  la  transformación  de  prácticas agropecuarias y forestales; la creación de espacios de coordinación interinstitucional entre gobierno central y actores territoriales; y la definición de normativas y regulaciones de alcance mancomunal que contemplan la generación y manejo de fondos propios.

Estos avances en la dimensión política e institucional muestran grandes desafíos pues al nivel nacional aún prevalece una institucionalidad heredada de carácter centralista, con fuerte visión sectorial y reducido financiamiento. En los territorios rurales, la experiencia muestra como las respuestas han estado más orientadas a solventar las necesidades inmediatas de la población respecto al manejo de recursos naturales y aun, no existen condiciones para que el grueso de productores se sume a los esfuerzos de restauración y adopte el cambio de prácticas que este supone.


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